Estella Acosta Pérez. Orientadora y profesora asociada de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma de Madrid jubilada.
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Antes de centrarnos en la orientación profesional como acciones específicas de las políticas activas de empleo, necesitamos disponer de algunos elementos conceptuales ineludibles para poder caracterizar el modelo. Porque el modelo a implantar es lo esencial para responder a unos principios democráticos de justicia social y vamos a recurrir a definiciones de organismos internacionales para que nadie piense en opciones no recomendables o en “ocurrencias” para salir del paso.
Para la OCDE la orientación profesional como política pública significa:
“Los servicios y actividades cuya finalidad es asistir a las personas, de cualquier edad y en cualquier momento de sus vidas, a ejercer opciones educativas, de formación y laborales y a gestionar sus profesiones”.
Además, si vamos a analizar la orientación profesional en el marco de las políticas activas de empleo necesitamos saber definir la empleabilidad, porque el reduccionismo y las generalizaciones han impregnado las definiciones con deformaciones interesadas, llamando empleabilidad al perfil que definen determinadas consultoras o empresas de formación en un contexto determinado, para puestos de trabajo determinados, a corto plazo. Por lo tanto, recurrimos a la definición de la OIT.
“El término “empleabilidad” se refiere a las competencias y cualificaciones transferibles que refuerzan la capacidad de las personas para aprovechar las oportunidades de educación y de formación que se les presenten con miras a encontrar y conservar un trabajo decente, progresar en la empresa o al cambiar de empleo y adaptarse a la evolución de la tecnología y de las condiciones del mercado de trabajo.”