Héctor Adsuar. Rodrigo Plaza. Secretaría de Pública de la Federación de Enseñanza de CCOO.
¿Alguien se podría imaginar que el suministro de agua, electricidad o gas le llegara a su casa o no en función de las características de esta? ¿o que el médico/a le atendiera en función de sus características físicas? ¡Imagínese! No, en esta consulta no atendemos rubios que miden más de 1,65.
Pues por sorprendente que le parezca, eso es un poco lo que está pasando hoy en día en nuestras aulas, y de manera especialmente intensa en nuestras aulas de Formación Profesional.
¡No se nos malinterprete, por favor! No estamos queriendo decir que haya profesores y profesoras o centros educativos que no admitan a determinado alumnado. Por lo menos en los centros públicos. Pero la verdad es que, las administraciones educativas no proveen a los centros de FP del personal necesario para atender determinados alumnos y alumnas que se matriculan y que consecuentemente acaban abandonando los estudios.ç
La inmensa mayoría de los centros de FP del estado no cuentan con un departamento de orientación que más allá de la orientación estrictamente profesional y laboral, colaboren con el centro educativo y el profesorado en promover la inclusión y el éxito educativo de los miles y miles de alumnos y de alumnas que se matriculan en FP y que presentan características personales que deberían ser atendidas. Pensamos, sin ánimo de ser exhaustivo, en alumnado que presenta alguna discapacidad sensorial, o dificultades específicas del aprendizaje como la dislexia, o diversidad cognitiva, entre otros. Irónicamente, la propia LOMLOE reconoce en el título destinado a la equidad educativa la obligación de atender a este alumnado:
“Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado”
A pesar de ello, repito, ¡la inmensa mayoría de centros públicos de FP no tienen un Departamento de orientación con el personal que es indispensable para impulsar la atención a la diversidad y la inclusión educativa! Esto es, al menos un orientador/a, un profesor/a de Servicios a la Comunidad, un maestro/a de Pedagogía Terapéutica y otra/o de Audición y Lenguaje. Y claro, de aquellos polvos estos lodos. Y es que, la tasa de no finalización de la FP está por las nubes. Es decir, el 40% de personas que inician un ciclo de FP no la terminan y, si bien las razones pueden ser diversas, no nos cabe duda de que una variable importante del fracaso escolar en esta etapa es la ausencia de medios para apoyar al profesorado de FP y atender a la diversidad del alumnado. La situación en FP Básica es aún más compleja.
Este fracaso además tiene una deriva económica grave, y es que, si a algunas administraciones educativas les parece poco desviar el dinero de las familias a centros privados (La FP privada de grado superior ha aumentado en 67% y la de grado medio un 25%, mientras la oferta pública lo hacía en unos exiguos 18% y 4% respectivamente) y dar becas a familias de clase alta, además se permite que el 40% de la inversión en esta etapa no se materialice en un título oficial de FP.
Tanto en la LOMLOE como en la nueva Ley de FP promovidas por el Gobierno se contemplan los elementos de la orientación educativa, la atención a la diversidad y la inclusión, pero estas intenciones deben concretarse, y no quedar sólo en bonitas palabras escritas en un papel. Es responsabilidad y obligación legal de todas las administraciones educativas realizar la inversión y dotar a los centros de los recursos necesarios para convertir en hechos las palabras. Es imprescindible también poner en marcha programas específicos para mejorar urgentemente esas tasas de finalización tan bajas. Esto, una vez más, solo puede hacerse desde el sistema público de gestión directa, de todos/as para todos/as, que es el que fomenta la igualdad de oportunidades y la cohesión social.